Busca regular diversos aspectos sobre la protección de los derechos de los titulares y usuarios de tarjetas de crédito. Esta iniciativa legal estaría normando materias en las que ya existe regulación dictada por Organismos con atribuciones legales para ese mismo efecto, cuestión que, además de generar eventuales contraposiciones normativas produce incertidumbre legal sobre el ejercicio de las potestades legales del Banco Central de Chile y de esta Superintendencia.