TC declara como inconstitucionales facultades sancionatorias y normativas del Sernac

TC declara como inconstitucionales facultades sancionatorias y normativas del Sernac

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

Una dura derrota sufrió el Gobierno ayer en su proyecto emblemático de consumidores. La iniciativa, que buscaba fortalecer el Servicio Nacional de Consumidores (Sernac), resultó con sus principales facultades declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC) en un fallo de 114 páginas. Una dura derrota sufrió el Gobierno ayer en su proyecto emblemático de consumidores. La iniciativa, que buscaba fortalecer el Servicio Nacional de Consumidores (Sernac), resultó con sus principales facultades declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC) en un fallo de 114 páginas.

Tal como lo adelantó “El Mercurio” a principios de diciembre, el TC eliminó las facultades normativas y sancionatorias del Sernac en un fallo dividido.

Fueron cinco votos por la inconstitucionalidad, de los ministros Iván Aróstica (presidente), Marisol Peña, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, y José Ignacio Vásquez. En contra, votaron Carlos Carmona, Gonzalo García y Nelson Pozo. Juan José Romero fue tuvo voto “autónomo”, ya que estuvo de acuerdo en algunas partes de la inconstitucionalidad, y Domingo Hernández no participó de la votación.

Del total de normas controladas por el TC, 31 fueron declaradas inconstitucionales. De ellas, 16 solo sufrieron una declaración parcial, por lo que no podrán convertirse en ley.

En su fallo, el TC indicó que las facultades sancionatorias le otorgarían al organismo gubernamental un rol de “juez y parte”, crítica que se había hecho durante todos los años de tramitación del proyecto en el Congreso por parte del sector privado. Además, declaró inconstitucional la potestad normativa del servicio, ya que le da “un alcance ilimitado” (ver recuadro).

En el documento, el TC revalidó el rol que tienen los tribunales de justicia en materia de derechos del consumidor versus lo que se trataba de instalar en el organismo gubernamental. La facultad fiscalizadora se mantiene en su mayor parte.

Sin embargo, los argumentos del voto de mayoría no estuvieron exentos de resistencia. Carmona, García y Pozo, al justificar sus votos disidentes respecto a los aspectos clave del proyecto, argumentaron algo que llamó la atención de los abogados constitucionalistas. Discreparon de que exista una vía judicial única “pues contribuiría al activismo judicial desbordante al confundir los planos de defensa de intereses subjetivos y generales”. A su juicio, los derechos de los consumidores no son una materia de exclusividad jurisdiccional única de los tribunales de justicia. “Estos no tendrían el monopolio de la protección de derechos ni ejercen exclusivamente las funciones conservadoras”.

“La minoría acusa a la mayoría de haberse saltado la Constitución”, dice Javier Couso, abogado constitucionalista. Couso señaló que el proyecto se podrá implementar con normalidad, pero que pierde su propósito original y que el Sernac seguirá siendo básicamente igual a lo que es hoy.

Empresariado respalda fuertemente al fallo
“El fallo del tribunal corrige múltiples errores que el proyecto tuvo desde sus orígenes y que, en lo medular, amparaban la creación de una institución que reunía atribuciones que iban más allá de las facultades administrativas propias de un servicio público, vulnerando las normas constitucionales”, declaró ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno. Afirmó que el fallo ayuda a restablecer el equilibrio, evitando los excesos.

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) -gremio que envió el “téngase presente” al control del proyecto- dijo que fue un fallo decisorio, pues delimita con claridad las facultades que les corresponden a los entes de la administración, en contraposición a las que les corresponden a los tribunales. A su vez, elimina la facultad normativa del servicio.

Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, señala que el hecho de haber pasado por todas las instancias institucionales otorga mayor legitimidad a la futura ley y, a la vez, más certeza jurídica para las empresas.

Fuente: El Mercurio